POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD DE ESPAÑA EN 2003
2.- ¿Política exterior o política
de seguridad?
La discrepancia entre las perspectivas gubernamental
y social, unido al desarrollo de los acontecimientos internacionales
durante
el año 2003, ha dejado descarnadamente al descubierto
dos graves condicionantes que vienen lastrando nuestra acción
exterior desde hace más de dos décadas y que, por
ahora, tampoco el gobierno de Aznar ha sabido superar adecuadamente.
De una parte, existe una permanente confusión entre las
dimensiones diplomática y estratégica de nuestra
proyección exterior sin que, al mismo tiempo, se hayan
definido claramente los objetivos prioritarios de ambas líneas
de actuación política. En segundo lugar, y tal
vez como consecuencia de lo anterior, existe una preocupante
deriva hacia la concentración del poder en la elaboración
,ejecución y control de nuestra política exterior
en manos de los órganos ejecutivos y, más específicamente,
en el Presidente del Gobierno.
La clara posición secundaria que la dimensión estratégica
ocupó en la política exterior del régimen franquista, quebró definitivamente
con nuestra incorporación a la Unión Europea Occidental y la OTAN.
La bipolaridad y la progresiva distensión entre las dos superpotencias,
las aspiraciones de la sociedad para homologarnos con los demás países
europeos, la presión de unas fuerzas armadas sobredimensionadas y la descentralización
política y administrativa impuesta por el sistema autonómico, concurrieron
para explicar las dos limitaciones apuntadas.
En efecto, durante la década de los 80, la creciente
inserción de la España democrática en los
organismos internacionales, incluidos los aliancistas, imponía
la necesidad de recuperar los objetivos de la paz y la seguridad,
nacionales e internacionales, como parte de las prioridades de
nuestra acción exterior. Además, la atribución
constitucional de las competencias en materia de defensa y relaciones
exteriores a la Administración Central del Estado, ha
constituido la base jurídica y política irrenunciable
desde la cual el Gobierno ha defendido la exclusividad de esas
competencias frente a los reiterados intentos de ciertas comunidades
autónomas de asumir el desempeño de algunas funciones
propias de la política exterior.
Más tarde, en los años 90, la incorporación
de nuestros militares, policías y cooperantes a las operaciones
de pacificación desarrolladas en el Kurdistán;
Centroamérica (Nicaragua; El Salvador y Guatemala); África
(Namibia y Mozambique); el Golfo; Bosnia-Herzegovina; Kossovo
o Afganistán, se correspondió con la tendencia
general, propiciada por Estados Unidos tras la desintegración
soviética, de emplear la diplomacia preventiva y, llegado
el caso, las operaciones de imposición de la paz como
instrumentos nucleares de las relaciones políticas internacionales.
El debate teórico suscitado a comienzos de la década
pasada sobre el derecho de injerencia por razones humanitarias
o en defensa de los derechos humanos, fue zanjado en la práctica
por la política exterior de Washington que al mismo tiempo
que bloqueaba el pago de sus contribuciones anuales a las Naciones
Unidas, empleaba el foro del Consejo de Seguridad para lograr
el necesario respaldo legal a intervenciones como la de Somalia
o lo ignoraba totalmente al bombardear Serbia en 1999. En definitiva,
a comienzos de los 90, los vientos internacionales resultaban
propicios para facilitar una concepción de la política
exterior española en la que, al amparo de discursos ideológicos
pacifistas y humanitarios, los medios militares se incorporaban
plenamente a la panoplia de las medidas utilizadas en nuestra
acción exterior, algo que también ocurriría
con los instrumentos de cooperación al desarrollo.
El cambio del PSOE por el PP al frente del
Gobierno no sólo
no alivió esta tendencia sino que la llevó hasta
las últimas consecuencias. No resulta extraordinario,
por tanto, que casi una década más tarde, el presidente
Aznar haya adoptado la decisión de apoyar al tradicional
aliado norteamericano y al menos tradicional aliado británico
en su aventura iraquí. El objetivo de la seguridad de
España se ha asociado, de forma irreversible, no sólo
con el de la seguridad europea sino también con el de
la seguridad mundial.
De ese modo, España tiene derecho a recabar el apoyo
europeo y norteamericano cuando la defensa de nuestras reivindicaciones
territoriales se ve amenazada por Marruecos, como en el caso
del islote de Perejil, o cuando el terrorismo de ETA asesina
en nuestra calles. A cambio, nuestro país debe conceder
un apoyo incondicional e ilimitado a las iniciativas internacionales
de aseguramiento y pacificación, con independencia de
que provengan de la sede de las Naciones Unidas o de Washington.
Esta es la nueva línea de acción que se ha incorporado
paulatinamente como parte
esencial de nuestra política exterior y a la que se supeditan los medios
diplomáticos, culturales y de cooperación al desarrollo. Sin a
penas percibirlo, durante la última década hemos pasado de la prevalencia
de los criterios de la política exterior de un nuevo régimen democrático
a los de la política de seguridad de una potencia internacional media
sin que ningún gobierno haya asumido la responsabilidad de explicar a
la sociedad española la necesidad de ese cambio y la oportunidad de realizarlo.
Naturalmente, la importancia alcanzada por
las cuestiones de seguridad impone un grado de concentración institucional
en el proceso de toma de decisiones que resultaría inaceptable
en otros ámbitos de nuestra acción exterior. Es
en ese escenario donde debemos situar las dificultades políticas,
y no tanto presupuestarias, para ampliar y consolidar un cuerpo
de funcionarios del servicio exterior acorde con el protagonismo
que se afirma que debe desempeñar nuestro país
en el concierto de las potencias mundiales.
Como señalara el Ministro Josep Piqué hace dos
años, nuestro país contaba en el año 2000
con un cuerpo de funcionarios del servicio exterior inferior
al de 1975. (3) Semejante desajuste entre objetivos
y compromisos internacionales, de una parte, y disponibilidad
de medios humanos, de otra, pone de manifiesto la inconsistencia
en la voluntad política gubernamental de potenciar nuestra
presencia internacional salvo, claro está, que ese déficit
de funcionarios se esté paliando merced a la intervención
de los funcionarios de otros ministerios, como Defensa, Interior
o la propia Presidencia de Gobierno.
En resumen, las aspiraciones gubernamentales
a lograr un mayor protagonismo político europeo e internacional, un cuerpo
diplomático atrofiado, un creciente peso de los objetivos
estratégicos en la agenda exterior y una concentración
de poder institucional en la Presidencia del Gobierno, constituyen
el marco estructural en el que debemos analizar los acontecimientos
de la política exterior y de seguridad de España
durante el pasado año.
3 - PIQUÉ, J.- “España en el
mundo: la modernización
del servicio exterior”.- Conferencia del Sr. Ministro de Asuntos Exteriores
en la Escuela Diplomática (13 junio 2001).
C/
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